La persecución del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación” en
contra de una treintena de investigadores, además de reflejar las animosidades y
venganzas personales del fiscal Alejandro Gertz y de la directora del Conacyt
María Elena Álvarez Buylla, lleva consigo otra consigna: amedrentar al sector
académico para que acepte sin chistar decisiones como las reducciones de
recursos que se pretenden para las instituciones y programas de educación
superior.
El año pasado y a pesar de la pandemia, la movilización y críticas del sector
académico a la desaparición de los fideicomisos con los que se financiaban
diversas actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico en el
país desgastó notablemente al gobierno lopezobradorista, cuyo desdén por estos
rubros quedó evidenciado frente a su obsesión por mantener el derroche en sus
programas clientelares y sus megaobras anacrónicas y/o ecocidas.
La estrategia de acusar de “corrupción” en la operación de dichos fideicomisos
nunca convenció más que a la “feligresía” lopezobradorista, que da por buena
cualquier cosa que salga del “púlpito” de palacio nacional. Lo cierto es que tal
“corrupción” no solo nunca fue comprobada, sino que ni siquiera intentaron
hacerlo.
Así que lanzar una acusación desproporcionada, abusiva y mal intencionada como
la de imputar delitos como los de delincuencia organizada, cuyas penas alcanzan
hasta los 40 años de prisión, sí que podría “acalambrar” a un sector que,
paradojas de la vida y la política, apoyó en muy buena medida la llegada de un
gobierno que prometió la “transformación” de la vida pública nacional y una
honestidad a toda prueba, y que ha acabado reducido a un ser símil de la peor
versión del PRI más arcaico y autoritario.
Pero el dardo está lanzado y supura ponzoña. Muchos académicos han preferido
moderar sus críticas al gobierno por temor a sufrir represalias en sus claustros o a
ser vetados para cualquier tipo de apoyo en su trabajo docente y de investigación.
Como todos los regímenes autoritarios, el de la “4t” se apoya en el miedo para
imponer sus decisiones.
Decisiones como la que vino a adelantar a Veracruz la directora general de
Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Enedina
Rodríguez Armenta, quien durante la asamblea de la Confederación Nacional de
Trabajadores Universitarios celebrada este martes en Boca del Río replicó el
discurso de la supuesta “austeridad republicana” y repitió cantaletas como la
crítica al uso de camionetas de lujo por parte de autoridades universitarias y
sindicales. Del mismo modelo, por cierto, que las que usan desde el presidente
López Obrador hasta los altos funcionarios de gobiernos como el de Veracruz para
transportarse. Los tsurus quedaron en el pasado.
El mensaje es claro: las instituciones de educación superior son las que deben
“apretarse el cinturón” y gastar menos. Porque por lo que toca al gobierno, el
derroche va a continuar, así se sequen las arcas nacionales.
Y a quien critique al régimen y sus políticas, ya sabe cómo le va a ir. O les cae
encima la Fiscalía General de la República, o les echan a andar a los legisladores
–que son quienes aprobarán el presupuesto para la educación superior- o incluso,
serán objeto de campañas mediáticas de desprestigio a través de los “aliados” de
la “4t”.
Como TV Azteca, que la noche de este mismo martes se lanzó en su noticiero
estelar a golpear a la UNAM, la UAM y el Politécnico –que la semana pasada
manifestaron su solidaridad con los académicos perseguidos- con un libelo
televisivo, acusando a estas instituciones de “afectar la competitividad de cientos
de miles de estudiantes” porque “no han querido regresar a clases presenciales”, y
afirmando que “no han estado a la altura de la circunstancias”.
O como diría un clásico: cooperas o cuello.
Tibio, tibio
Finalmente el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, dijo
algo sobre la persecución judicial de sus pares académicos. Aunque más bien
obligado por los reporteros que lo encontraron en un acto público que por
verdadera convicción.
Y así se notó en su respuesta. Tibio, Aguilar Sánchez se cuidó de expresar
solidaridad –no le vayan a sacar una nota en TV Azteca- y se limitó a señalar una
obviedad: que primero hay que concluir una investigación para señalar culpables.
“Brillante”, ¿no?
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